¡Arriba las manos! El gobernador que no tenga una ley de Acceso a la Información Pública

Por Franco Medina

Hace algunos años se habla de que en la sociedad actual, a consecuencia de la tecnología, hay un exceso de información, muchas veces en sentido peyorativo y otras como un factor positivo. Estos conjuntos de datos, utilizados de buena manera, permiten que las personas podamos progresar, comprender y tener una opinión formada. Dentro del mundo moderno y democrático, el acceso a la información pública es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, justamente para poder ejercer otros derechos, como por ejemplo, a votar, a que tengamos una participación ciudadana activa o también para hacer que los gobernantes rindan cuentas de sus decisiones y acciones.

En Argentina, en 2016 se sancionó la Ley sobre Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 27275), que además de hacer lo que dice su nombre, también tiene como objetivo promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de todos los poderes y organismos del Estado. La norma, además establece que todas las personas que lo soliciten pueden acceder a la información, sin discriminación y sin tener que explicar el motivo por el cual se solicita. A su vez, debe ser gratuita y se tiene que publicar de forma completa por la mayor cantidad de medios posibles.

A pesar de que es Ley Nacional, hay cuatro provincias que no se adhirieron: Tucumán, La Pampa, San Juan y Formosa.

La provincia gobernada por Gildo Insfrán además de no incorporarla, no designó ningún representante en el Consejo Federal para la Transparencia (CFT), ni tampoco cuenta con una normativa que regule el derecho de acceso a la información pública. Es decir, todo es secreto.

Por ejemplo, el 21 de mayo de 2019, Juan José Böckel, Subsecretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ante la falta de respuestas por parte del gobierno de Formosa a pedidos de información pública, emitió un comunicado en el cual recomendó al gobernador de Formosa que adopte las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Si estás leyendo esta nota ya sabes que hizo el gobernador con la recomendación.

Otro caso más reciente de silencio del gobierno formoseño lo vivió la ONG Ruido, que en 2021 realizó un informe sobre las compras públicas en pandemia y al pedir información a la provincia, lo único que obtuvo fue un balance de 3500 millones de pesos invertidos en pandemia durante marzo a diciembre de 2020, pero no le permitieron acceder a ningún detalle de compra, ni contratación.

Para esta nota, el objetivo era entrevistar a un/una diputado/a de los cuatro partidos que nos representa en la legislatura provincial para que, desde su lugar, puedan explicar por qué en Formosa no hay una legislación que permita a los y las ciudadanos/as acceder a la información pública. De parte del Justicialismo y del PRO no tuve respuestas a pesar de haber intentado comunicarme con cuatro diputados del primer bloque mencionado y el único del segundo.

¿Por qué Formosa todavía no se adhirió a la ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016?

Gabriela Neme (diputada Nuevo País): Formosa no se adhiere porque el grave problema que tiene la gestión de Insfrán es la falta de transparencia. Si los funcionarios, periodistas o la ciudadanía tuvieran el acceso a la información pública, claramente quedaría en evidencia la corrupción alevosa con la que se manejan los funcionarios provinciales, como por ejemplo el excesivo gasto público o la falta de rendición de cuentas. Con esta ley caería el relato en todas las áreas, en educación, salud, producción. En infraestructura hay desarrollo de obras pero por ejemplo hay calles que figuran asfaltadas tres veces.

Agostina Villagi (diputada Radical): La provincia no se adhiere por una decisión del oficialismo de no querer transparentar los actos del gobierno. Desde la oposición se presentaron de manera reiteradas proyectos de adhesión que nunca prosperaron porque el “gildismo” aplica la mayoría en la cámara. No dar a conocer los actos del gobierno y/o cualquier otra información de interés público -manejo de recursos, estadísticas de empleo o educación, entre otros- demuestra que estamos ante un gobierno que no es transparente, que dibuja un relato y no da a conocer la realidad.

¿Hay autocrítica por parte de su partido, respecto a por qué la provincia durante todos estos años todavía no tiene una normativa que garantice este derecho?

Gabriela Neme: Desde nuestro espacio político siempre hablamos de la falta de transparencia y de acceso a la información pública. Además, permanentemente hacemos uso del artículo 113 de la Constitución Provincial que nos autoriza a los diputados a pedir informes, a los que se niegan.

Agostina Villagi: Desde la oposición, en la Cámara de diputados siempre cuestionamos y decimos que es necesario que se respete el principio constitucional de derecho al acceso de información pública. Los pedidos de informes que presentamos en las oficinas públicas tampoco son respondidos, a pesar de que la constitución provincial garantiza este derecho, por eso en varias oportunidades recurrimos a la justicia a través de acciones judiciales de mandamus, para que desde ahí se les exija a los organismos públicos dar la información solicitada.

¿Tienen un proyecto desde su partido, más allá de los pedidos de adhesión, para que en la provincia se pueda acceder a la información pública?

Gabriela Neme: En conjunto con Adrián Bogado, desde nuestro bloque presentamos el proyecto de ley de acceso a la información pública, tomando como base legislaciones muy avanzadas como la de la provincia de Mendoza y Santa Fe. Estamos trabajando y poniendo el tema en agenda porque creemos que es un tema muy importante, el cual nos debe involucrar a los funcionarios pero también a los ciudadanos, tenemos que empezar a preguntar, inquietarnos y conocer, para poder exigir.

Agostina Villagi: Sí, hay varios proyectos de ley sobre este tema presentados en la cámara de diputados por parte de nuestro bloque, pero que fueron rechazados por los diputados del oficialismo. Ellos se niegan a dar el debate.

¿Qué rol tiene que cumplir el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, para el pedido o la insistencia al gobernador para la adhesión a la ley?

Gabriela Neme: Su rol claramente debería ser defender al pueblo, pero es claro defensor del modelo de Gildo Insfrán, apartándose de las necesidades que tiene la gente. Él debería ser el primer gestor o intermediario para lograr la aprobación de esta ley que se necesita para profundizar la democracia.

Agostina Villagi: El defensor del pueblo tiene legitimación activa para presentarse en la justicia y accionar a través de mandamus para requerir que se brinde la información de carácter público. Podría expresarse a favor de la necesidad de que la provincia cuente con una ley de acceso a la información pública y también acompañar los proyectos presentados e insistir en la sanción.

¿En el corto plazo se va garantizar este derecho en la provincia?

Gabriela Neme: En Formosa se va garantizar esto cuando se cambie este modelo de gestión de atraso, abandono y avasallamiento de derechos. Esto va a cambiar cuando sea distinto el color político de Formosa y los formoseños se animen a salir de esta opresión.

Agostina Villagi: Mientras Gildo Insfrán siga gobernando la provincia y tenga el manejo absoluto de los diputados en la legislatura, no creo que Formosa cuente con una ley de acceso a la información pública.

En octubre del año pasado, en la inauguración de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe, Gildo Insfrán, minimizó el uso de la tecnología y dijo que “rompió el vínculo de los jóvenes con las personas mayores”. Además agregó: “antes de preguntar, googlean y creen que ya saben todo”. En parte sus declaraciones tienen sentido, si ponemos en el buscador distintos datos públicos referidos al gobierno provincial, no vamos a encontrar nada, punto a su favor. Si preguntamos a funcionarios, tampoco vamos a encontrar una respuesta, punto en su contra.

En una democracia en la que los y las ciudadanas/os eligen a sus representantes, es fundamental tener acceso a la información pública, para poder monitorear, interrogar y reclamar, llegado el caso, a quienes toman las decisiones por ellos. Tener acceso a los datos públicos no solo genera transparencia, sino que también reduce la corrupción, protege los derechos y permite mejora en la calidad de los servicios públicos.

Si la información es poder, ¿por qué un gobierno que pregona la justicia social, con el derecho de acceso a la información pública hace silencio?

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