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Los ecosistemas arden: ¡Seguimos sin Ley de Humedales!

  • Foto del escritor: Franco Medina
    Franco Medina
  • 5 ago 2022
  • 4 Min. de lectura





Según la Multisectorial Humedales, en los últimos días fueron afectadas siete mil hectáreas del Delta del Paraná por incendios intencionales. En lo que va del 2022, se registraron 4.500 focos ígneos en 60 mil hectáreas de la región.


Las consecuencias de estas quemas no solo afectan a la flora, la fauna y al aire que respiramos, sino que también producen accidentes y muertes en la ruta. El 20 de julio por culpa del humo murieron dos camioneros en un choque en la autopista Buenos Aires-Rosario. La semana pasada, ocurrió otro siniestro en la misma zona, un choque en cadena entre nueve camiones y una camioneta dejó personas heridas.


Estos incendios intencionales en los humedales ocurren hace años, de hecho distintas organizaciones y fundaciones desde 2013 luchan por la sanción de una ley que los proteja, pero recién en 2020 estas quemas comenzaron a tener mayor repercusión en el resto de la sociedad. A pesar de la creciente difusión y de los constantes reclamos, los distintos gobiernos, tanto provinciales como nacionales, siguen sin tomar medidas para remediar el estado de esta situación.


Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales, explica que hasta el momento las únicas medida que tomaron los gobernantes son parches millonarios que no solucionan el problema de fondo, porque no previenen el foco, ni tampoco se busca controlar de que suceda para identificar a los culpables. Un ejemplo es la inversión que anunció el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, de $50 millones de dólares asignados al Plan Nacional de Manejo contra el Fuego. Decisión que centraliza nuevamente la solución en apagar las quemas y no en uno de los principales reclamos sociales que es evitar que eso suceda. “Lo primero que hay que hacer es cruzar el mapa de catastro y garantizar un control efectivo del territorio, algo que hoy no existe”, explica el entrevistado.


Ley de Humedales


Hace casi una década que en Argentina hay asociaciones que en conjunto con especialistas y científicos presentan proyectos para proteger este ecosistema, pero pierden estado parlamentario y no llegan a convertirse en Ley.


Misiones es la única provincia que en junio de este año estableció un marco regulatorio para la preservación, conservación y desarrollo de los humedales. Santa Fe, por su parte, también tiene una Ley de Humedales pero no está reglamentada. “El gobernador Omar Perotti, del Frente de Todos, y Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático, no quisieron reglamentar esta ley. Según dicen es insuficiente, pero ellos tampoco proponen una mejor, con lo cual son cómplices de estas quemas”, detalla Rodolfo.


Además, agrega que ya hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a las provincias a que se junten y pongan de nuevo en marcha el plan PIECAS (Plan Integral Estratégico y Sostenible en el Delta del Paraná), que fue creado en 2008 y hasta el momento no vieron mejoras. Este plan establece regulaciones y recomendaciones productivas, no prohíbe, argumento que usan muchos que están en contra.


Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, junto con el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente), presentaron un proyecto de Ley de Humedales en el que, en teoría, se basaron en el proyecto que perdió estado parlamentario en febrero de este año, el cual en ese momento, fue apoyado más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialista y científicos. Pero en la práctica, el texto base tuvo modificaciones que generaron críticas de quienes en un principio apoyaron, ya que, la consideran de carácter regresivo. “En primer lugar, es una intromisión del Poder Ejecutivo en una competencia del Legislativo. Después, en el proyecto que presentan hay áreas que ni siquiera serían contempladas como humedales y no dejan claro que uso y que límites tendrían, entre otros cambios”, explica Rodolfo Martínez. A su vez, agrega que este proyecto “habla de un cinismo” por parte del gobierno, inclusive de Juan Cabandié, porque exponen que hubo participación de organizaciones, pero eso no pasó, “solo hubo ejecutivos nacionales, provinciales y algún aporte de alguna fundación”.



Estas son algunas de las diferencias que cuestionan las organizaciones entre ambos proyectos. Otra crítica importante es el cambio en la definición de lo que son los humedales. (Tabla comparativa: Multisectorial Humedales).


Mientras cada vez más personas exigen una Ley de Humedales, pasan los distintos gobiernos y ninguno quiere escuchar ni darle la atención que merece este reclamo, ya sea por escepticismo o por presión de las corporaciones que sacan provecho con la destrucción de estos ecosistemas. Martínez cree que es más probable la segunda situación, y explica que la primera respuesta que aparece cuando se habla de la no sanción de la Ley es el peso de los lobbys, pero el problema no son ellos, porque a ellos no los votamos, ni tampoco votan en el Congreso. “Ahora, sí de forma informal, ilegítima y de cierta traición, hay legisladores que obedecen a los lobbys más que al pueblo que los votó, será la misma ciudadanía la que se tenga que acordar de ellos cuando tengamos que volver a votar”, cerró el integrante de la Multisectorial de Humedales.


Hace años que dentro del Congreso Nacional no está presente la agenda ambiental, incluso cuando el mundo atraviesa una crisis climática. Por lo general, el argumento que se utiliza para no tocar estos temas es que hay otros más importantes, pero esta problemática no solo afecta a las “plantas y animales”, sino que como se menciona anteriormente, también influye en nuestra calidad de vida. Si se destruyen los humedales, no tendremos una buena provisión de agua, habrá más inundaciones en algunos lugares y más sequías en otro, por lo tanto fallaran las infraestructuras, habrá escasez de alimentos, afectará nuestro sistema respiratorio y así muchas más conexiones que llevan a un solo lugar, que es la necesidad urgente de sancionar la ley que proteja a los humedales y al medioambiente.


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