El imperio de los sin memoria
- Franco Medina
- 24 mar
- 11 Min. de lectura
Por: Franco Medina
–Si vos vieras cuánta gente que estuvo en la dictadura después fueron dirigentes en democracia. Acá no se salva nadie.
El terrorismo de Estado en Formosa empezó el 6 de octubre de 1975, un día después del ataque de los montoneros al Regimiento de Infantería Monte 29. Amparados por el decreto 2772, firmado durante el gobierno de Isabel Perón, las fuerzas de seguridad se adueñaron de las personas. “Después del 5 de octubre, donde los montoneros masacraron gente de cualquier manera y que no tenían nada que ver, con los militares padecimos de todo. Violaciones a las mujeres, muertes y robos, porque cuando entraban veían algo que les gustaba y se lo llevaban”, relata Pedro Velázquez Ibarra, abogado, víctima de la dictadura y querellante en el juicio al gobernador de facto Juan Carlos Colombo.
A muchos policías en ese momento los llamaban “represeros”, porque en la represa que estaba ubicada en la zona del actual Polideportivo Policial, con una Ford F-100 o a caballo llevaban personas atadas para arrastrarlas por el barro y sacarlas hacia el otro lado. Uno de los que aplicaba este método era Félix Celso Ferreira, ascendido a jefe de la Policía de la Provincia en democracia. Los secuestros, robos a las casas y violaciones a las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad se empezaban a volver habituales, y en las rutas del interior se podía ver como mochileros e indígenas eran fusilados.
Distintos documentos revelaron que en esta zona no había guerrilleros, incluso los montoneros lo definían como uno de sus “flancos débiles”, pero a pesar de esto, los militares llegaron con el objetivo de evitar “focos subversivos” y manipularon el dolor de la sociedad por la masacre, para tener apoyo.
En abril de 1976, en reemplazó de Reynaldo Alturria, llegó el general Juan Carlos Colombo, un viejo conocido de Jorge Rafael Videla. El 1 de octubre de 2009, el cuerpo médico forense, en un acto de humanidad, determinó que el represor podía seguir su juicio y posterior sentencia a 1191 kilómetros del Tribunal Oral Federal que lo juzgaba, porque el viaje podía causarle estrés. En sus últimas declaraciones por videoconferencia se autoreferenció como “un hombre de bien”. También reclamó que durante la dictadura no sabía nada de lo que pasaba y fue “demonizado”.
Al poco tiempo de haber llegado a Formosa, el ex gobernador de facto se reunió con representantes del colegio de abogados porque querían crear una nueva circunscripción judicial para facilitar los trámites a las personas del interior de la provincia.
–Bueno, vamos a ver cómo colaboran ustedes con el gobierno –fue lo primero que le dijo a los abogados presentes. Entre ellos, Valentín Granada y Pedro Velázquez Ibarra.
Casi al instante, los colegiados empezaron a tocarse las piernas por debajo de la mesa. Al empezar la dictadura, mediante dos asambleas juraron y asumieron el compromiso público de no aceptar ningún cargo en esa etapa.
–Decile negro, decile –susurró Valentín a Pedro. Entonces le explicó la postura que habían tomado.
–No no, acá tienen que colaborar todos. El próximo café lo tomamos en la sede del colegio de abogados.
–Mire coronel, nosotros asumimos un compro…–Colombo no dejó terminar la frase y con un tono más elevado mencionó que los médicos, arquitectos y albañiles ya colaboraban. En eso no mintió.
–Nosotros hicimos dos asambleas y hubo un mandato de la gente de que nadie tenía que colaborar con el gobierno de facto –insistió Pedro.
–Ustedes no quieren colaborar en la lucha contra la corrupción.
-No es un problema nuestro, no es personal.
La situación era cada vez más tensa, acostumbrado al “sí señor”, en ese momento llamó a su ministro de Gobierno, Alfonso Ruggiero, para que anotara cuántos departamentos necesitaban los abogados para armar su sede en los monoblocks ubicados en Brandsen y Sarmiento.
–Están ocupados esos departamentos porque son de las personas que vienen de otros lugares –retrucó Pedro.
De repente, el coronel dio un golpe en el escritorio que hizo saltar hasta a los papeles que estaban de testigos.
–Mire, doctor, ustedes los abogados son como los curas, quieren arreglar las cosas hablando, y yo soy milico, arreglo las cosas a los tiros –fue lo último que escucharon antes de salir hacia la avenida 25 de mayo en silencio y con las piernas temblando.
Al poco tiempo, Velázquez Ibarra fue secuestrado durante cuatro años.
Una gran familia
Al menos hasta el mismo año del juicio a Colombo, en Formosa había colegios que organizaban campamentos en el Regimiento Monte 29. Tanto los militares como los profesores explicaban la historia del lugar, con especial énfasis en el ataque de los montoneros. Lo que no se mencionaba era la etapa del 76 hasta el 83, incluso cuando los juegos de recreación se realizaban a metros de lo que fueron salas de tortura y muerte.
“En ese lugar fue atroz lo que hicieron, hubo personas que las mataron estaqueando, una cosa espantosa”, recuerda Pedro.
Regimiento Monte 29. Foto: Subfondo CONADEP. Serie Registros fotográficos de reconocimiento de Centros Clandestinos de Detención. AR-ANM-SDH-CONADEP-02-1432.tif / Archivo Nacional de la Memoria
Un hombre conocido en el regimiento era Agustín Echeverría, comisario general que fue enlace de la policía con los militares. En democracia fue candidato a concejal del Partido Justicialista (PJ), tenía influencia en la iglesia y se desempeñó como subjefe de la policía de la provincia hasta 2006. Olga Elsa Gauna lo denunció por violación durante una de las sesiones de tortura, pero en 2009 el juez, Bruno Marco Quinteros, y el Tribunal Oral en lo Criminal, decidieron en dos instancias el sobreseimiento del represor porque los testigos que presentó el acusado dijeron que la víctima lo conocía y “había un interés sentimental”. Durante esta causa Echeverría era asesor del gobernador Gildo Insfrán.
El ex comisario, según el soldado que llevó el informe a la brigada, también fue el que hizo pasar por ahorcamiento la muerte de Carlos Rolando “Caíto” Genes. El día de su muerte, Velázquez Ibarra estaba detenido en el regimiento en el mismo momento que el joven, y recuerda que empezaron a escuchar “Che se ahorcó, se ahorcó…”. Al otro día cuando los volvían a acomodar en los calabozos a él y otros dos detenidos, sin que se dieran cuenta los militares, se metió en la celda que estaba Genes y vio que en la pared estaba escrito con jabón: “Mamá te quiero mucho”.
La hermana del adolescente, Teotista Genes, en el juicio a Juan Carlos Camicha, declaró que su hermano estaba golpeado y tenía la cara rota. Además, detalló que cuando reclamó el cuerpo, el segundo jefe del regimiento, Luis Andrés Plechot, le dijo: “Si durante los treinta días que estuvo vivo no se escapó, ahora que está muerto, menos”.
“Cuando estaba por ser juzgado Echeverría vino a mi estudio y lloraba sentado al frente mío. No sabés como lloran cuando se ven apretados”, explica Velázquez Ibarra con otra sonrisa irónica.
En 2015 fue condenado a 7 años y seis meses de prisión por ser participe secundario en delito de tormentos agravados contra una víctima del terrorismo de Estado. Al año siguiente se elevó la pena a 10 años al agregar el delito de asociación ilícita.
Un aliado del represor durante la democracia era Lorenzo Elvio Borrini. Fue secretario de Gobierno de Vicente Joga, quien en un momento le dijo a Gildo Insfrán: “mejor tenerlo cerca nomás a ese…”. Después de ese consejo, durante más de una década ejerció como ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo del actual gobernador. En este cargo manejaba las fuerzas policiales y realizaba espionajes y persecuciones.
Durante el gobierno de facto era presidente de la mutual policial y algunos testigos afirman que dentro del grupo represivo era informante de la Comunidad Informativa de Formosa (Comifor). Tenía ese nombre porque todos los servicios de inteligencia de la provincia organizaban reuniones dentro de la casa de gobierno para “decidir quien seguía vivo y quién moría”. Además, en declaraciones testimoniales de Estela Díaz, Petrona, Manuela y Ursula Ayala, fue acusado por la desaparición de R.L.Díaz e Hilario Ayala. El ex funcionario además es mencionado por Pastor Coronel en el archivo del terror del Paraguay como "colaborador de la Policía paraguaya".
Osiris Ayala, detenido y torturado durante la dictadura, también lo acusó de destruir el 8 de mayo de 1995, el centro de detención clandestino del Paraje Monteagudo, camino a Mojón de Fierro y a orillas del río Paraguay. El 13 de septiembre de 1976, día en el que Ayala fue trasladado a ese lugar con otros detenidos, los militares llevaron comida y a un cura. Fusilaron a algunos de los secuestrados que estaban con los ojos vendados, los enterraron y disfrutaron del bendecido banquete.
El 6 de abril de 2009, el juez federal, Marco Bruno Quinteros, ordenó allanar el predio. Además de encontrar algunas paredes que todavía quedaban en pie, hallaron que, en el cementerio que data desde la guerra de la Triple Alianza, las fosas estaban abiertas hace poco tiempo sin una explicación aparente. “Estamos seguros de que están ahí los cuerpos y otra parte sabe la policía. Conozco a la mayoría de los familiares y es terrible que vivan hasta su muerte sin saber el destino de sus familiares. A un oficial le dije ‘yo creo que ustedes deberían haber entregado los cuerpos’ y me dijo que a ellos no le permitían porque era una orden no entregarlos, para que sufran hasta el final”, recuerda Pedro.
En el juicio a Colombo, Borrini aprovechó que un solo juez era de Formosa y declaró que prácticamente no vivió en la provincia porque su hija estaba secuestrada. A pesar del interrogatorio del abogado de Estela Díaz, Eduardo Davis, los jueces no pusieron interés en él. Cuando falleció, algunos medios de comunicación de la provincia lo describieron como un hombre “abierto al diálogo”, que “jerarquizó la institución policial”.
Darío Alcides Solís es otro represor (Prefectura Naval), acusado de torturar compañeros e interrogar a Rodolfo José Acosta con un arma, que tuvo su reconocimiento en democracia. En el gobierno de Insfrán fue subsecretario de Información Pública y Comunicación Social. A través de la pauta oficial manejaba gran parte de los medios locales y también fue director de Radio Nacional Formosa.
Era una persona bien vista por los dirigentes políticos, por la prensa y gendarmería, porque en 2005 fue designado como miembro honorario de inteligencia del Regimiento Monte 29. En junio de 2023 cuando falleció, el Sindicato de Prensa de Formosa (Siprefor), lo describió como “un gran ser humano” y valoraron “las reivindicaciones laborales otorgadas a los trabajadores durante su gestión”.
“Los policías no es que cesaron sus funciones y vinieron otros, son una gran familia. Gildo me dijo una vez ´los de ahora le tienen bronca a los otros´. Mentira, yo los conozco a todos”, enfatiza Pedro.
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Justicia divina
Después de 1983, la buena relación entre Formosa con el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, les permitió a muchos funcionarios de facto fugarse a Paraguay. Otros se quedaron para ocupar cargos en la función pública gracias a una Justicia que, por tener los ojos vendados, desequilibró la balanza.
Carlos Ontiveros, era conocido por ser una persona “jodida”, además de ser mencionado en declaraciones testimoniales de distintas víctimas, era ex asesor letrado de Juan Carlos Colombo y trabajaba con el capitán Carlos Domínguez Linares, mano derecha del gobernador de facto. En el juicio al general, con un guiño de Pilatos, mandó al frente a todos los militares. En democracia, ocupó el cargo de Procurador General de Formosa y fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sitiar junto con la policía y un juez el barrio Nam Qom en 2002. En esa represión dispararon balas de plomo, ocuparon casas y hubo detenciones ilegales a más de 80 personas, entre ellos ancianos y niños. Las víctimas también denunciaron torturas mientras les gritaban “indios de mierda”. Una frase que se escuchaba frecuentemente en los represores que vinieron desde Buenos Aires y el sur del país.
Eduardo Manuel Hang, hasta julio del año pasado que se jubiló, fue ministro del Superior Tribunal de Justicia. En la dictadura integró el Tribunal como juez subrogante, después pasó a ser asesor de Colombo y Fiscal de Estado. En el juicio al represor, la querella describió que había jurado en 5 oportunidades por el estatuto del "Proceso de Reorganización Nacional", dejando asentado por acta que lo hacía anteponiéndolo a la Constitución Nacional. En 2024 cumplió 57 años en la justicia -ingresó en 1967 hasta noviembre del 76 y reingresó en 1980- en una provincia que celebró su 69° aniversario de provincialización.
Hasta su retiro, su compañero en el Superior Tribunal de Justicia era Ricardo Cabrera. En plena dictadura viajó a una cárcel en Buenos Aires para tomar declaración a Elsa Alicia Chagra. Lo hizo como secretario del juez federal de la provincia, José Luis Vivas, denunciado penalmente en 2013 por ser colaborador de la dictadura. Además en 1980 fue subsecretario en Industria y Comercio, todavía durante el gobierno del represor Colombo.
En democracia ocupó el cargo de ministro de Economía y también estuvo vinculado con Marcelo D’alessio, un operador judicial acusado, entre otras cosas, de exigir coimas a nombre del fiscal Carlos Stornelli, Cabrera fue imputado en esta causa. Posteriormente a este caso, fue elegido por Gildo Insfrán y aprobado por la mayoría en la Legislatura, para ocupar su cargo actual.
Otro miembro de este Tribunal es Ariel Coll, ingresó al Poder Judicial de la provincia en 1978 y se desempeñó como juez en Las Lomitas y Clorinda.
Bernardo Montoya y Jorge Vázquez Rey son dos jueces que integraron el máximo órgano judicial durante el gobierno de facto. Por sus influencias en el poder de Formosa demoraron la causa 16 años, hasta que en 2022 fueron condenados por encubrir los secuestros y las torturas que sufrieron trabajadores/as judiciales en la provincia. Montoya en democracia además de ser diputado de la UCR, al menos hasta 2019 integró la nómina de asesores de Luis Naidenoff. Vázquez Rey por su parte fue fiscal federal hasta el año 2000.
Velázquez Ibarra también menciona a un actual e histórico ministro de Gildo Insfrán como funcionario de la dictadura: “Jorge Ibáñez integró el Poder Judicial con Vivas y después le aceptó el cargo de Juez en Clorinda a Colombo. Ahí juraban por los papeles de los milicos. Además lo primero que hizo cuando vino el golpe y él trabajaba como abogado en el Tribunal de Cuentas, fue armarle una causa penal a Juan Carlos Beni, un interventor de la provincia que designó Perón (1973-1975). Estuvo 7 meses preso en la Prefectura y lo tuvieron que largar porque era un invento la causa”.
Pedro se pasó años estudiando a los funcionarios que formaron parte del terrorismo de Estado, lo hizo dentro del regimiento y también con personas de gendarmería que le contaban lo que sucedía. “Usé todo eso para hacerles juicio, sino no se podía. Fui a hablar tres veces con Horacio Verbitsky y Carolina Varsky del CELS en ese momento, les pedí ayuda y me dijeron que no venían porque no podían atender todos los juicios y la gente del interior atiende muy mal. Formosa no existe, si nos daban una mano en ese momento, sabés que…”, recuerda.
En democracia lo mandaron a llamar para que hable con un jefe de inteligencia que metió preso.
–Vamos a hacer una cosa, yo me voy hacer el pelotudo con tu causa pero vos devolvele los cuerpos a la gente, por lo menos a los de Formosa–
–No, no puedo– respondió el policía.
–Entonces quedate nomas acá preso–
El hombre murió en su celda en Resistencia.
Mientras Colombo sigue presente en la casa de Gobierno mediante un cuadro, en el Regimiento Monte 29 el Espacio para la Memoria es solo un cartel afuera del predio. En “La Escuelita”, otro centro clandestino de detención y torturas, lo que por decreto debería ser un Parque de la Memoria, no hay más que una edificación casi en ruinas a la que no se puede entrar porque, paradójicamente, está cerrada con candado. Si preguntás, en la Capilla San Antonio, el mismo predio pero a 10 metros de distancia, no saben que ahí secuestraron y torturaron personas. El paraje Monteagudo, actualmente pertenece a una empresa ganadera.
En Formosa se estima que hay 50 desaparecidos como consecuencia de la última dictadura cívico-militar. Posiblemente sean más porque muchos familiares de campesinos no denunciaron las desapariciones por miedo o por desconocimiento de que podían hacerlo. Nunca pudieron encontrar un cuerpo y tampoco los represores dijeron dónde pueden estar. Esa tranquilidad atribuida a la provincia, esconde el secreto de que quienes toman decisiones hoy son los mismos que lo hacían en el “Proceso de Reorganización Nacional”. En una sociedad acostumbrada a dormir la siesta, el pacto de silencio les permite descansar tranquilos.
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