¿Qué pasó con Xiomara? Entrega 2

Por: Franco Medina y Florencia Gómez Casadella

Entrega 2: Una investigación sin escena del crimen

La causa avanza sin responder una segunda pregunta básica: ¿Dónde ocurrió el crimen?. Este dato no forma parte de un tecnicismo o una formalidad jurídica. En una causa penal por homicidio esto permite: reconstruir movimientos, saber cómo se produjo la herida, quienes pudieron participar y fijar rastros materiales (sangre, huellas, ADN), entre otros puntos claves. 

La ausencia de una escena del crimen no significa que no se pueda saber la verdad, pero debilita cualquier investigación. En este caso en particular, hace que no haya pruebas fuertes o directas y se sustente, fundamentalmente, en declaraciones testimoniales y análisis técnico de más de veinte celulares. Mientras la fiscalía sostiene una línea de investigación, la defensa de los imputados la cuestiona y la querella afirma que existen otros elementos y pruebas en las que se debe profundizar. 

En ese contexto, el paso del tiempo juega cada vez más en contra, porque es muy difícil que después de 60 días, una escena permanezca intacta: se alteran los posibles lugares, se pierden rastros, huellas y/o se borran pruebas. Hasta el momento la justicia imputó a dos personas -un menor- por homicidio doblemente agravado por alevosía y femicidio, y el expediente tiene un volumen alto, con nueve cuerpos y más de dos mil páginas, pero no necesariamente hay certezas sobre lo que pasó. Entre el 70 y 80% de esas fojas, están relacionadas a la búsqueda de Xiomara. 

Esta entrega no busca resolver el crimen ni señalar responsabilidades, sino que intenta explicar: por qué la investigación se encuentra en este punto, cómo se deberían abordar estos casos, y por qué a dos meses del hallazgo del cuerpo, todavía hay muchas preguntas abiertas.

Cómo debería funcionar la búsqueda de una menor

El caso de Xiomara no es aislado, se da en un contexto en el que el sistema estatal tiene dificultades estructurales e históricas para buscar a personas desaparecidas, en especial niñas y adolescentes. Estos casos no solamente se limitan al factor “hay alguien de poder detrás”, pueden estar influenciados por: violencia estatal, violencia machista, hacia las infancias y la criminalidad, entre otros fenómenos. 

En Argentina durante mucho tiempo se creyó que había que esperar entre 24 y 48 horas para denunciar la desaparición de una persona, pero no hay una ley, un decreto o protocolo que establezca esto. Es un mito que se empezó a instaurar en los años 80 y 90, reforzado por la policía, pero que con el paso de los años cada vez se pone menos en práctica. El código Procesal Penal Federal, obliga a las fuerzas policiales y fiscales a recibir denuncias en cualquier momento y sin demoras, sobre todo si se trata de un menor, porque está en una situación de vulnerabilidad absoluta. 

“Hay una zona medio gris cuando se trata de adolescentes, podríamos decir entre 16,17 y 18 años, a veces se los trata como si fueran adultos, como personas que podrían haberse ido por su propia voluntad y eso no debería ser así. En el caso de todas las personas menores de edad tienen que ser buscadas inmediatamente”, explica Ximena Tordini, directora de comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

En 2019 se empezó a aplicar a nivel nacional el Alerta Sofia, un sistema de emergencia que permite coordinar a entidades públicas, privadas y a la sociedad, para encontrar a una persona menor de edad. Se utiliza en las primeras horas de búsqueda y como una herramienta excepcional cuando un juez considera que hay un riesgo grave o inminente sobre la integridad del desaparecido o la desaparecida. Esta medida alcanza a todo menor de 18 años, pero en la realidad se activa con mayor frecuencia en niños y niñas, porque generalmente se presume, a nivel social y judicial, que el o la adolescente puede desaparecer por voluntad propia: conflicto familiar o decisión personal. En el caso de una mujer, a pesar de que en los últimos años se denuncia y expone las distintas situaciones, todavía se minimiza la ausencia al creer que se pudo ir con un novio o de fiesta.

“Como mujer, para mi sigue habiendo prejuicios, pero la orden de actuación inmediata está. Lo que te puedo decir es que en su mayoría se cumple, por lo que veo, pero siempre están los comentarios”, explica Ruth Ruiz Díaz, abogada penalista. También agrega que el Alerta Sofía es para desapariciones donde realmente hay un riesgo inminente y si o si sale por orden judicial. El juez tiene que evaluar la situación, corroborar que por medio de la desaparición hay un delito, trata de persona o algún tipo de secuestro. Máximo Brizuela, también abogado penalista, acota que cuando uno tiene 16 o 17 puede ser que ya no se activa por una cuestión de costumbre en la práctica judicial: “Quizás proceden de otra manera o intentan buscar sin activar este protocolo y si a lo mejor lo hacen de 13,14 años para abajo. Debe ser más una práctica judicial que algo marcado por una ley”.

En base a esta investigación periodística surgieron dos preguntas de las cuales no tenemos respuestas: ¿Ser adolescente reduce el derecho a una búsqueda urgente?, ¿Al usarlo con mayor frecuencia se corre el riesgo de banalizar el Alerta Sofía?

Actualmente en Argentina no hay una legislación que establezca protocolos básicos a seguir cuando desaparece una persona. En una entrevista del 5 de noviembre de 2025 a La Nación, la antropóloga Celeste Perosino, integrante del Grupo de Intervención e Investigación Feminista (GIIF), reveló que entre 2006 y 2023 se presentaron 45 proyectos de ley en el Congreso vinculados a la temática, pero ninguno fue sancionado.

“Creo que el Estado no tiene personas realmente capacitadas para buscar a otras personas. La búsqueda requiere habilidades de investigación por un lado, y de conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones y burocracias estatales, por el otro”, relata Ximena. E insiste en que buscar requiere determinados saberes y habilidades que las personas que reciben la denuncia de búsqueda -policía, fiscalía y juzgado- no la tienen, y no es por responsabilidad propia de ellos.

En relación, un documento del CELS, detalla que las búsquedas no se derivan de estrategias integrales ni de planes de trabajo, se abandonan a los pocos meses de comenzar, cuando las medidas más usuales no dieron ningún resultado: “Las familias quedan a la deriva sin nadie a quién recurrir; si la desaparición no es convertida en un caso mediático se la olvida rápidamente, la mayor parte de los hallazgos de personas muertas ocurren por azar y no como resultado de las medidas realizadas”.

Link a la entrega 3

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