¿Qué pasó con Xiomara? Entrega 3

Por: Franco Medina y Florencia Gómez Casadella

Entrega 3: Qué dicen los abogados y el expediente

Cómo se mencionó en la entrega anterior, la investigación hasta el momento no logró identificar la escena del crimen, pero tampoco pudo reconstruir los últimos movimientos de la víctima. En ese escenario, y a dos meses de la desaparición y asesinato de Xiomara, la fiscalía, la querella y la defensa discuten al menos tres hipótesis sobre lo que ocurrió y que otros elementos deben ser considerados dentro de la causa.

Según lo que pudimos reconstruir a través de entrevistas realizadas a los abogados que intervienen en el expediente, el caso actualmente está apoyado en declaraciones testimoniales y en la pericia de celulares, mientras se esperan los informes de las compañías telefónicas y la definición judicial sobre la situación procesal de los dos imputados, ya cumplido el plazo legal de los diez días hábiles. A pesar del análisis de distintas cámaras de seguridad, la causa hasta el momento no pudo determinar un dato fundamental: si Xiomara salió o no de la casa donde fue vista por última vez.

Con estos vacíos, ¿por qué hay dos imputados? 

El cuerpo fue hallado el 26 de noviembre y, ese mismo día, la policía detuvo al adolescente que la habría visto por última vez y a su padrastro. En el allanamiento secuestraron alambres, una pinza, una bolsa plastillera y otros elementos que podrían ser de relevancia para la investigación.

Durante los días siguientes, mientras se realizaban las pruebas correspondientes para identificar la identidad de la víctima, el menor permaneció privado de su libertad en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU).

Recién el 5 de diciembre, una vez que se confirmó la identidad de Xiomara, el juez Marcelo López Picabea, decidió imputar a los dos detenidos por “homicidio doblemente agravado por alevosía y femicidio”. Esto ocurrió después de la declaración de un adolescente en cámara Gesell, donde relató que una tercera persona -identificada como “Pitbull”- le habría comentado durante un partido de fútbol, que la noche de la desaparición de Xiomara se encontraba con su padrastro, consumieron estupefacientes y la joven murió por una presunta sobredosis.

Javier Vargas, abogado de los imputados, explica que desde esa declaración hasta la fecha, de todas las pruebas producidas, ese testimonio no se condice ni se integra a las demás pruebas, parece ajena al proceso: “Se hicieron todas las pruebas toxicológicas y salió negativo. Además el cuerpo de Xiomara no presenta rasgos de haber consumido algún tipo de sustancia, de estupefacientes, por lo que estos hechos contradicen los datos del menor”.

Según el informe forense, Xiomara murió por una lesión punzocortante en las vértebras cervicales.

Como se mencionó anteriormente, el menor permanece en el CAIJU, pero los primeros nueve días estuvo en ese lugar sin estar imputado formalmente. La defensa sostuvo en la entrevista que no se trata de una detención, sino de una “medida de seguridad”, que no solo incluye una restricción a su libertad ambulatoria, sino que también tiene una serie de contenciones que establece el sistema, incluso permitiéndole continuar con su escolaridad.

Sin embargo, al referirse a los plazos procesales, Vargas afirmó que la feria judicial no es un argumento para que se suspendan los plazos y “tenerlos un mes más presos”. “Acá estamos al derecho de que tenemos personas imputadas detenidas. Los 10 días hábiles se cumplieron el 30 de diciembre, nosotros esperamos que la justicia tome el recaudo, la consideración del caso y resuelva. Como no ocurrió, el día viernes 9 presentamos el pronto despacho para que la justicia se expida al respecto”, explica.

Por otra parte, la querella no tiene la misma línea investigativa que la fiscal. Daniel Ojer, abogado de la familia de Xiomara, aclara que ellos no acusaron a los imputados y que ninguna de las líneas tiene que ver con versiones que circularon en redes sociales y en algunos medios digitales: “El video de la cámara de seguridad donde se ve a dos personas en moto fue un día después, era una moto chiquita y se dijo que era grande, eso está descartado. Lo de la estación de servicio ya está en el expediente que son otras personas, descartado también”.

En la causa hubo otras personas demoradas que después fueron liberadas, pero la fiscalía para mantener las imputaciones se basaría en que el adolescente habría sido el último que la vió a Xiomara y también aguardan el análisis de una mordida que tenía desde hace varios días el joven, que según declaró en su indagatoria se lo hizo su compañera el día anterior. En el allanamiento a su domicilio no se encontró nada técnico, rastros de sangre, de disputa ni algún indicio de que allí se cometió el crimen.

En el expediente también figura la declaración del hombre que encontró el cuerpo. En estos tipos de casos, es una situación que ocurre frecuentemente y lo hace en calidad de testigo porque puede aportar algún dato que ayude a la investigación. Sin embargo, en su declaración hubo puntos que hasta el momento no fueron esclarecidos, en particular, su recorrido y las circunstancias en la que halló a la persona que posteriormente fue Xiomara.

¿Un menor puede estar privado de su libertad sin una imputación?

En la mayoría de las legislaciones modernas no es legal. Incluso si el adolescente se encuentra en un centro especializado. Según los estándares nacionales e internacionales del derecho de protección de derechos de niños y adolescentes, la privación de la libertad debe ser excepcional, breve y sujeta a control judicial estricto.

Ruth Ruiz Díaz y Máximo Brizuela, abogados penalistas consultados para saber más sobre estas situaciones a nivel general, explican que el código penal establece que tienen 24 horas para estar demorados. En ese transcurso, el juez que tenga a cargo la causa tiene que decir si va a proceder al arresto. Y también tiene un plazo de 48 horas para tomar la declaración indagatoria. “En ese lapso el juez tiene qué decidir si aplica la prisión preventiva o deja ir a la persona, más todavía si se trata de un menor de edad. Automáticamente corresponde que te comuniquen por qué estás “demorado”, que te permitan comunicarte mínimamente con tu familia y un abogado”, explica Ruth. Máximo agrega que uno no tiene la obligación de demostrar su inocencia, pero sí es un derecho: “El Estado si tiene la obligación de conseguir la mayor cantidad de pruebas de cargo que permitan al juez tomar la decisión de si la persona es culpable de lo que se la acusa”.

Por otra parte, además de las demoras normales que tiene una causa compleja, en Formosa en particular, los tiempos judiciales no son los mismos que en otras provincias o los previstos a nivel general. 

El Poder Judicial actualmente funciona con la misma estructura con la que fue diseñada en 1960, si bien hubo reformas en algunos códigos y nuevos juzgados -mayormente de Paz-, la modernización nunca fue pensada para el crecimiento de la población, tanto de manera territorial como social. La provincia en ese año tenía 178 mil habitantes, hoy cuenta con 607 mil. Se reformó en su superficie pero no en la raíz. Esto implica: dificultad para resolver conflictos complejos, jueces y fiscales sobrecargados de causas, dificultad para acceder a la justicia, exceso de burocracia y lentitud, entre otros problemas. “En algunos casos los trámites que llegan a haber parecen lentos a los ojos de la sociedad. Uno por ahí dice como puede ser que ya pasaron 48 horas, bueno algunos plazos a veces hay que respetarlos y hace parecer lento”, explica Máximo.

Es un sistema que por más que en algunos casos están digitalizados, se apoya en la escritura: “Si bien la comunicación al juez o al fiscal es por llamada, hay cosas que se facilitan, pero todo se plasma en papel. Hay una persona atrás tipeando la orden de allanamiento y eso lleva su tiempo. El proceso es escrito y hay una cuestión de recursos humanos atrás. Uno o dos días en la desaparición de una persona es mucho, pero en tiempos judiciales, por el formato escrito que tenemos, dos días es básicamente normal”, describe Ruth.

Esta entrega se focaliza en el estado actual de la causa, en las líneas de investigación que están dentro de ella y en tratar de entender el funcionamiento de la Justicia ante un crimen. Las próximas publicaciones de está serie se irán desarrollando a medida que avance el expediente judicial, con la incorporación de nuevas voces y elementos. Siempre con el objetivo de hacer una investigación periodística y no judicial.

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